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PUERTAS GIRATORIAS

El aperitivo político del mediodía, destacado por la prensa digital, ha consistido en una nueva puerta giratoria de una Abogada del Estado que, como funcionaria, prestaba sus servicios  en el Ministerio de Economía y Competitividad, en un puesto de alta responsabilidad y poder, para incorporarse próximamente a una entidad incluida en el “top ten” de la banca española, pero que no tiene estatus de alto cargo en el organigrama de la Administración General del Estado.

Inútilmente  hace el Partido Popular en tratar convencer a la ciudadanía de exquisiteces de prácticas de buen gobierno político cuando las puertas giratorias de lo público a lo privado  siguen dando vueltas a menos de quince días de las elecciones autonómicas y municipales. En esta campaña electoral, que cierra el próximo 24 de mayo, asistimos esperpénticamente a todo tipo de promesas políticas. Muchas de ellas no llegarán a cumplirse. Todo un espectáculo valleinclanesco."¡Qué país, qué paisaje y qué paisanaje!", que diría Unamuno.

¿Cómo se van a creer los futuros votantes que la regeneración democrática del PP va en la buena dirección, como dice una publicación del indicado partido con ocasión de los cursos de la Escuela de Verano celebrada en El Escorial los días 10, 11 y 12 de julio de 2014?

Las páginas 5 a 10 de la citada publicación se referían al entonces proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que recientemente ha sido aprobada como Ley 3/2015, de 30 de marzo. Es decir, no lleva ni dos meses en vigor y ya ha demostrado su ineficacia, dislate y desvarío.

En la página 8  de la indicada publicación, respecto a las puertas giratorias, decía el Partido Popular que “un alto cargo no podrá prestar servicios durante los dos primeros años posteriores a su cese a una empresa privada que haya resultado afectada en decisiones en las que haya participado”. El ciudadano de la calle, sin embargo, no llega a entender bien ni lo que es un alto cargo, ni mucho menos las decisiones en las que el mismo  haya podido participar porque, respecto a estas últimas, o no se publican en el BOE o se tramitan de forma interna por el Ministerio de turno a través del correspondiente expediente administrativo.

No se trata de esquivar  las puertas giratorias, como ha sucedido en otros casos. Tampoco se trata de transmitir a los ciudadanos mayores dosis de transparencia política. Se trata de que la moralidad política en determinados casos -que nada tiene que ver con la corrupción, como ilícito doloso o culposo- arraigue como comportamiento político correcto en la conciencia de los ciudadanos.