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Derecho Penal

Derecho Administrativo

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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El principio de legalidad, en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, exige, de conformidad con el art. 25 CE, la presencia anterior al hecho incriminado de una ley, vedando tentación alguna a la lex ex post facto, con el suficiente grado de precisión, inteligibilidad y certeza en la configuración del tipo penal o descripción estereotipada de conductas punibles, sin que resulten admisibles, desde esta perspectiva las configuraciones difusas por excesivamente genéricas.

Semejante razonamiento jurídico es la concreción del precepto constitucional de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

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LÍMITES DEL GOBIERNO EN FUNCIONES

El artículo 101.1 C.E. determina que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales; y el apartado 2, que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Así, pues, el Gobierno cesó el pasado día 21 de diciembre, después de las elecciones generales, entrando en ese momento en funciones. Pero como esa circunstancia puede prolongarse todavía algunos meses y es normal que en la acción de Gobierno, en ese tiempo, tengan que adoptarse resoluciones de diversa índole, tanto de carácter nacional como internacional, vamos a explicar a continuación cuáles son los límites de un Gobierno en funciones y el fundamento de los mismos.

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INJURIAS Y CALUMNIAS

El elemento subjetivo del injusto en el delito de injurias y en el de calumnias, toda vez que uno y otro atentan contra el mismo bien jurídico, con un cierto perfil diferenciado, tiene una significación común especial.

No admitiéndose en la calumnia otra modalidad que la dolosa, puede decirse que la calumnia constituye una injuria cualificada, al imputarse al sujeto pasivo la realización de un hecho que representa, en cuanto delito perseguible de oficio, infracciones de las más grabes y transcendentes del ordenamiento jurídico.

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