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Derecho Penal

Derecho Administrativo

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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El principio de legalidad, en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, exige, de conformidad con el art. 25 CE, la presencia anterior al hecho incriminado de una ley, vedando tentación alguna a la lex ex post facto.

Es preciso el suficiente grado de precisión, inteligibilidad y certeza en la configuración del tipo penal o descripción estereotipada de conductas punibles, sin que resulten admisibles, desde esta perspectiva las configuraciones difusas por excesivamente genéricas.

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CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es prerrogativa exclusiva de los órganos judiciales, los cuales, por el mero hecho de no suscitarla y aplicar la ley, aún en contra de la opinión del justiciable, no lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva de éste.

No es posible proponer al TC, invocando el art. 24 CE, el control sobre la decisión que los jueces adopten acerca del planteamiento de una cuestión de constitucionalidad, o el no uso por éstos de la facultad que les atribuye el art. 163 CE. Ello es así porque el art. 35 LOTC no obliga al órgano judicial a plantear la cuestión cuando lo pide una parte. El planteamiento sólo ha de producirse cuando el juez o tribunal considere que la norma de cuya validez depende el fallo a adoptar pueda ser contraria a la CE.

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INTERPRETACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales la ejecución de las sentencias, ya que, caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos reconocidos en las mismas sólo serían meras declaraciones de intenciones sin ningún alcance práctico ni efectividad.

De tal forma, el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte injustificadamente del fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas precisas para proveer a la ejecución del mismo. Así, el contenido principal del derecho consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado frente a una eventual contradicción por terceros.

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