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ARBITRAJE DE LAS PREFERENTES

La Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada -creada por el Ministerio de Economía y presidida  por la CNMV y de la que también forma parte, entre otros, el Banco de España-, ha publicado los criterios que deberán reunir los inversores que compraron participaciones preferentes y que deseen recuperar el 100% de su inversión a través de arbitraje.

Los criterios son: edad o capacidad del titular, falta de contrato o mala redacción del mismo, falta de información, perfil del comprador y patrimonio invertido. Se trata de una opción gratuita.

Advertimos que algunos de dichos criterios pudieran constituir abuso de derecho y, además, ser inconstitucionales por discriminación.

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FALTA DE USO DE LOCAL ARRENDADO

El RDL 2/1985, de 30 de abril suprimió el régimen obligatorio de prórroga forzosa respecto de la duración de los arrendamientos urbanos. Se impuso, desde su entrada en vigor, una plena libertad a la hora de fijar la duración de un contrato de arrendamiento urbano, lo que en nada alteró la regulación de los arrendamientos urbanos celebrados con anterioridad.

La entrada en vigor de la LAU 1994 provocó que existieran contratos de arrendamientos urbanos sometidos a tres regímenes jurídicos distintos, por lo que el legislador con la finalidad de solventar, entre otros, los posibles problemas relativos a la duración de los contratos de arrendamiento de local de negocio, una vez desaparecida la prórroga legal forzosa de la legislación arrendaticia, estableció un complejo sistema de Disposiciones Transitorias.

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LA ÚLTIMA PALABRA

El art. 739 de la LECrim determina que una vez finalizada la acusación y la defensa “el Presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al Tribunal”. Al que contestara de forma positiva, le será concedida la palabra.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado en distintas sentencias manifestando que el citado derecho al acusado, “…que en tiempos pretéritos pudo tener un valor ritual y formulario, en la actual etapa constitucional constituye un derecho fundamental,… que no puede confundirse con el derecho de asistencia letrada…” ¿Es cierto esto en la práctica?

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