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Derecho Penal

Derecho Administrativo

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CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El instituto de la caducidad en materia sancionadora puede ser aplicado de oficio sin que sea necesaria previa alegación de parte.

Con especial referencia a los derechos potestativos, la caducidad o decadencia de los mismos aparecen cuando la ley indica un término fijo para la duración de un derecho, de tal suerte que transcurrido el indicado término no puede ser ya ejercitado. Dicha nota característica es la que la diferencia de la prescripción, pues teniendo esta su finalidad en la extinción de un derecho ante la razón subjetiva de su falta de ejercicio por el titular, en la caducidad se atiende solamente al hecho objetivo de la falta de ejercicio en el lapso prefijado.

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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

presuncion de inocenciaLa presunción constitucional de inocencia se contrae, prima facie, al genuino objeto de la prueba, o lo que es lo mismo, a los hechos. Y dentro de los mismos, a los que están en línea con la acusación, porque sirven de base al tipo delictivo, al tiempo que se proyectan también sobre la racionalidad de la prueba indiciaria, pero sin alcanzar a los presupuestos fácticos de las eximentes y de las atenuantes.

Con el derecho a la presunción de inocencia, erigido en derecho constitucional, se trata de poner freno, por el riesgo que ello lleva consigo, al desmedido arbitrio judicial cuando la convicción íntima del órgano se sustenta sobre meras valoraciones subjetivas, sin evidente base fáctica.

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LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL

En la práctica forense del Derecho Penal y más concretamente en el juicio oral, al momento de la prueba testifical, la argucia de una mercantil a la que se le ha llamado a declarar en calidad de testigo consiste, en algunas ocasiones, en la comparecencia de un apoderado societario que desconoce acerca de los hechos sobre los que se le interroga, con lo cual su deposición nada o poco aporta al esclarecimiento de los hechos. Ello ocurre, generalmente, una vez que la Audiencia ya había admitido previamente la citada prueba testifical del representante legal de la empresa.

De poco vale que la dirección letrada que pudiera sentirse perjudicada solicite la suspensión de la vista para que compareciese el auténtico representante legal conocedor de los hechos enjuiciados o formule la oportuna protesta ante la denegación del Tribunal de la suspensión instada.

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