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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El principio de legalidad, en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, exige, de conformidad con el art. 25 CE, la presencia anterior al hecho incriminado de una ley, vedando tentación alguna a la lex ex post facto.

Es preciso el suficiente grado de precisión, inteligibilidad y certeza en la configuración del tipo penal o descripción estereotipada de conductas punibles, sin que resulten admisibles, desde esta perspectiva las configuraciones difusas por excesivamente genéricas.

Semejante razonamiento jurídico es la concreción del precepto constitucional de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Respecto a la presunción de inocencia, en el orden penal, comporta las siguientes exigencias:

a) La carga de la prueba acerca de los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.

b) Sólo puede entenderse cómo prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor, observando los principios de contradicción y publicidad.

c) A la regla general se exceptúan los supuestos de prueba preconstituida y anticipada cuya reproducción en el juicio oral sea o pueda preverse imposible, con garantía del ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción.

d) La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad en exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.