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CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es prerrogativa exclusiva de los órganos judiciales, los cuales, por el mero hecho de no suscitarla y aplicar la ley, aún en contra de la opinión del justiciable, no lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva de éste.

No es posible proponer al TC, invocando el art. 24 CE, el control sobre la decisión que los jueces adopten acerca del planteamiento de una cuestión de constitucionalidad, o el no uso por éstos de la facultad que les atribuye el art. 163 CE. Ello es así porque el art. 35 LOTC no obliga al órgano judicial a plantear la cuestión cuando lo pide una parte. El planteamiento sólo ha de producirse cuando el juez o tribunal considere que la norma de cuya validez depende el fallo a adoptar pueda ser contraria a la CE.

El art. 35 de la Ley Orgánica citada no concede un derecho a las partes al planteamiento de la cuestión de institucionalidad que establece el art. 163 CE, sino únicamente la facultad de instarlo de los órganos judiciales, a cuyo único criterio ha confiado el efectivo planteamiento de aquélla cuando, de oficio o a instancia de parte, aprecien dudas sobre la constitucionalidad de la norma aplicable al caso que deben de resolver.