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INTERPRETACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales la ejecución de las sentencias, ya que, caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos reconocidos en las mismas sólo serían meras declaraciones de intenciones sin ningún alcance práctico ni efectividad.

De tal forma, el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte injustificadamente del fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas precisas para proveer a la ejecución del mismo. Así, el contenido principal del derecho consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado frente a una eventual contradicción por terceros.

No siendo el TC un órgano revisor, no le compete adoptar decisiones en cuanto al modo en que haya de interpretarse, entenderse o aplicarse la legalidad ordinaria, con la única excepción de aquellos casos en que por la vía de la inteligencia o aplicación de tal legalidad se pongan en juego o se vulneren derechos de carácter fundamental con contenido sustantivo propio.

La interpretación de los propios términos del fallo corresponde, en principio, al órgano judicial competente que ejecuta. De ahí que solamente pueda ser revisada, vía recurso de amparo, cuando dicha interpretación sea ilógica, irrazonable o arbitraria, ya que la exégesis como tal es cuestión de legalidad ordinaria sin que tenga transcendencia constitucional, pues es al órgano judicial a quién compete determinar el alcance de la cosa juzgada.

Sólo cuando esa interpretación sea manifiestamente irrazonable, en términos incongruentes con los que se expresa el propio fallo, es cuando la incompatibilidad entre el fallo de la sentencia y el auto que lo ejecuta adquiere dimensión constitucional.