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ARBITRAJE DE LAS PREFERENTES

La Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada -creada por el Ministerio de Economía y presidida  por la CNMV y de la que también forma parte, entre otros, el Banco de España-, ha publicado los criterios que deberán reunir los inversores que compraron participaciones preferentes y que deseen recuperar el 100% de su inversión a través de arbitraje.

Los criterios son: edad o capacidad del titular, falta de contrato o mala redacción del mismo, falta de información, perfil del comprador y patrimonio invertido. Se trata de una opción gratuita.

Advertimos que algunos de dichos criterios pudieran constituir abuso de derecho y, además, ser inconstitucionales por discriminación.

Cerca de un millón de inversores, la mayor parte modestos ahorradores, se encuentran atrapados en participaciones preferentes. El Gobierno, abrumado por la crisis económica y este asunto -entre otros problemas- prefiere lavar los trapos sucios en casa, a través de un arbitraje, en vez de que los afectados acudan de forma mayoritaria a los Tribunales de Justicia.

A día de hoy son 8 los Juzgados de Primera Instancia, de distintos lugares de España, que han dictado sentencia al respecto. Todas ellas a favor de los perjudicados que recuperarán el 100% de su inversión.

El arbitraje está creando desconfianza porque en la inmensa mayoría de las compras que hicieron los inversores, las realizaron a precio superior al que hubiera correspondido. De tal forma, mediante el arbitraje se podría, en el mejor de los supuestos, recuperar la inversión pero no obtener indemnización por dicho sobrecoste.

Además, existe el precedente de  Catalunya Bank y Novagalicia que, en el pasado mes de octubre, ya pusieron en marcha procesos arbitrales. Hasta el momento la Entidad catalana ha recibido, aproximadamente, 9.000 solicitudes de arbitraje, con el resultado hasta ahora de 1.250 laudos positivos. Quedan muchos pendientes. La previsión de Catalunya Bank, al final del proceso, será haber devuelto a través de los arbitrajes entorno al 35% del volumen de preferentes y subordinadas perpetuas emitidas, ya que las subordinadas con vencimiento no se incluyen en los arbitrajes. Por lo que respecta a Novagalicia, el porcentaje es algo inferior: el 32% de las cantidades reclamadas por los clientes y el 29% de su volumen de preferentes y subordinadas perpetuas.

Algo parecido ocurrirá, previsiblemente, con los clientes de Bankia que soliciten el arbitraje, que deberán hacerlo en dichas oficinas. Posteriormente la consultora contratada hará el filtro de las reclamaciones que se ajusten a los criterios establecidos por la Comisión de Seguimiento.

Entre los criterios aprobados destaca, entre otros, la edad o capacidad  de los titulares de preferentes sin que hubiera intervenido en la operación, respectivamente, su representante legal o tutor. La Comisión de Seguimiento, en relación a los menores de edad y a los incapaces reconoce el derecho de los mismos a acudir al proceso arbitral. En nuestra opinión, no es que tengan derecho a acudir al arbitraje, es que los supuestos contratos que firmaron menores de edad e incapaces son nulos de pleno derecho, por lo que no cabe arbitraje alguno al respecto, sino la restitución inmediata de la inversión.

Tanto el criterio del perfil del comprador, como el criterio  del porcentaje de inversión sobre el patrimonio total del cliente son criterios jurídicamente difusos y, en nuestra opinión, discriminatorios.