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TASAS JUDICIALES

En un auto pronunciado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, notificado el 24 de enero de 2013, se desestima la medida cautelar solicitada por el Colegio de Abogados de Ourense de suspender la vigencia de la normativa por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

El argumento esgrimido en su resolución por la Audiencia Nacional considera que la suspensión supondría “prejuzgar el fondo del asunto” y que la medida -impulsada desde el Ministerio de Justicia- “no causa para los recurrentes un perjuicio irreparable”.

En la ponderación de los distintos intereses en juego, el auto de la Audiencia Nacional no advierte que la “aplicación de la Orden impugnada comporte para la Corporación recurrente la irrogación de perjuicios de difícil o imposible reparación, superiores a los que la suspensión de su vigencia produciría al interés público”. Todo ello, “sin perjuicio de lo que se resuelva al enjuiciar la disposición general impugnada en la fase definitiva del proceso”.

En el informe solicitado por la Audiencia Nacional a la Abogacía del Estado para que se pronunciara sobre la medida cautelar solicitada, los servicios jurídicos del Estado acordaron que, de acceder a la solicitud, “se perturbaría gravemente el interés general”.

Debe recordarse que la aprobación de la Ley de Tasas ha provocado no sólo la oposición de Magistrados, Jueces, Fiscales, abogados y procuradores, sino además el rechazo frontal de los ciudadanos, que ven en numerosos casos la imposibilidad material de acceder a la tutela judicial efectiva tanto de jueces como de tribunales. La protesta ha alcanzado también a diversas asociaciones de consumidores y usuarios que temen que la implantación de las tasas judiciales suponga un obstáculo para las clases medias a la hora de recurrir a la justicia.

Aunque el Ministerio de Justicia manifestó en su momento que el objetivo de la tasa era “disuadir a los ciudadanos de pleitear cuando no sea realmente necesario” y acabar con el “abuso de los recursos”, debemos recordar en este momento que dicho Departamento ministerial no es quién ni tiene competencias para interpretar el artículo 24.1 de la Carta Magna por el que se sanciona el derecho que tienen todas las personas “a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Por lo demás, las elevadas tasas que suponen para el justiciable la interposición de recursos, a los que tiene derecho, contra sentencias de primera instancia, entre otras resoluciones, delata un claro menosprecio e intromisión ilegítima por parte del Ejecutivo en la organización del sistema judicial.