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NON BIS IN IDEM

El principio non bis in ídem proviene del latín y tiene su traducción literal: “no dos veces por lo mismo”. Conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para la estimación del indicado principio deben de concurrir los siguientes tres requisitos: a) identidad subjetiva; b) identidad fáctica; c) identidad causal. Está íntimamente ligado con la denominada excepción de cosa juzgada.

Por ser suficientemente conocido por los profesionales del derecho el citado principio en materia civil, no vamos a analizarlo, en esta ocasión, en dicho ámbito. Su estudio queda reservado para otro momento.

Por tanto nos centraremos ahora en la aplicación del principio ante la dualidad de materia penal y sancionadora por parte de la Administración, toda vez que los principios sancionadores administrativos se inspiran en el propio Derecho Penal.

Realizada la anterior precisión, el non bis in ídem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y sancionadora (art. 25.1 CE), aunque falte la mención expresa en dicho precepto constitucional, dado su engarce con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones. De tal forma, como ha declarado el TC en numerosas ocasiones, el principio analizado veda la imposición de una dualidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Es importante la relevancia dotada por el TC a la vertiente formal o procesal del principio non bis in ídem. En efecto, dicha relevancia se precisa en la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código Penal.

Si bien es cierto que la Constitución Española no ha excluido la potestad sancionadora de la Administración sino, bien por el contrario, la ha admitido en el art. 25.3, dicha potestad debe someterse a las cautelas necesarias que garanticen y preserven los derechos ciudadanos. Y el límite se encuentra, precisamente, en el art. 25.1 CE, por el cual se declara la necesaria subordinación de los actos administrativos de imposición de sanciones a la autoridad judicial. De esta subordinación se deriva una triple exigencia:

1.- El necesario control posterior por parte de la autoridad judicial de los actos administrativos mediante el oportuno recurso.

2.- La imposibilidad de que la Administración lleve a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal o las leyes penales especiales, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos.

3.- El respeto de la cosa juzgada.

Llegados a este punto y teniendo en cuenta que los mandatos del Derecho Penal no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudieran ejercer las partes –circunstancia que sí se da en el Derecho Civil-, es factible que del oportuno recurso contencioso administrativo contra un acto de la Administración que ponga fin a un expediente sancionador puedan derivarse responsabilidades administrativas de todo orden si en la indicada sede jurisdiccional se llegara a acreditar una actuación punible de la propia Administración. Ello es así en virtud de la capacidad revisora que impregna a los Tribunales de Justicia frente a la actividad administrativa. De esta derivación, dado el incremento de expedientes administrativos sancionadores que se ha venido produciendo en los últimos años, también nos ocuparemos en otro momento.