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SOCIEDADES VINCULADAS

El Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas sentencias que las normas fiscales no tienen carácter sancionador, pues es evidente que las leyes fiscales poseen un fundamento autónomo en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con la capacidad económica impuesta a los ciudadanos, como se establece en el artículo 31 de la Constitución Española. Dichas normas se distinguen de las sancionadoras por cuanto éstas últimas se caracterizan, esencialmente, por constituir una consecuencia represiva, retributiva o de castigo.

Entre empresas vinculadas, por ejemplo, el ajuste unilateral que pueda realizar la Inspección respecto a la valoración de operaciones crediticias entre ellas, debe residenciarse dentro de las medidas normativas de carácter estrictamente tributario.


Lo manifestado anteriormente es así porque el control fiscal, encaminado a lograr la máxima eficacia y eficiencia en su tratamiento, trata de evitar la elusión o reducción artificial de la carga fiscal entre empresas que, por su conexión, están en condiciones de alejar el parámetro cuantitativo del hecho imponible.

En principio, cualquier operación entre sociedades vinculadas no tiene porqué ser ilícita si se ha actuado correctamente, aunque se haya actuado mediante  la llamada “economía de opción”. De tal modo, no cualquier infracción entre sociedades o personas físicas vinculadas puede considerarse como conducta ilícita y contraria al ordenamiento jurídico, con su correspondiente sanción. Debe analizarse caso por caso.

Lo que pretende el control fiscal, con el ajuste unilateral de su actuación entre operaciones de empresas vinculadas, está fuera del carácter sancionador, procediendo a determinar el posible beneficio de las partes intervinientes, según la verdadera naturaleza de la operación, de manera objetiva y prescindiendo de las motivaciones de carácter subjetivo. Esta misma estructura se encuentra diseñada en el Impuesto sobre Sociedades.

El ajuste al que nos hemos referido en el párrafo anterior sólo lo realizará la Administración en el caso de que la valoración de la operación u operaciones entre  sociedades vinculadas se haya realizado fuera del plazo voluntario de declaración y en el caso de que los sujetos autores de la misma no hubieran procedido a declararla en los términos de “precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre partes independientes”.

De tal modo se establece así una carga tributaria derivada exclusivamente del comportamiento de los propios afectados, pues la justificación final de la norma no es otra que la espontánea manifestación del índice de capacidad económica de las sociedades, evitando que éstas se oculten en el entramado de la vinculación.

De lo expuesto, podemos decir que las reglas de valoración de las operaciones vinculadas cumplen, fundamentalmente, una función anti elusiva que tiende a deshacer  las consecuencias perjudiciales que para la Hacienda Pública se ocasiona por razón de la vinculación de las entidades o personas intervinientes. Se trata de reconducir el gravamen a aquel que se hubiera producido si la operación o la transacción se hubiera realizado entre entidades no vinculadas, y, por tanto, en libre competencia, con objeto de gravar la renta de la misma proveniente del auténtico valor de la prestación o del objeto del contrato.

En conclusión, las normas de valoración de las operaciones realizadas entre entidades o personas vinculadas:

1.- Tienen como finalidad la protección de la libre competencia y la evitación de ventajas fiscales que no podrían obtenerse si tal vinculación no existiese.

2.- Tienden a eliminar de la operación, respecto al valor de las contraprestaciones acordadas, todo aquello en lo que haya influido la condición de vinculadas y, por tanto, lo que no se hubiera acordado en cuanto a tal valor en régimen de libre competencia entre entidades no vinculadas.