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NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

En el ámbito tributario, la eficacia de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas de cada caso. Por tanto no puede establecerse una pauta común para las mismas.

Lo manifestado anteriormente, sin embargo, no impide que sí se puedan establecer una serie de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un determinado grado de homogeneidad en su tratamiento.

Como tiene dicho el Tribunal Constitucional, los actos de notificación cumplen una función destacada, ya que, al notificarse una determinada resolución, permite al afectado adoptar las medidas que estime más convenientes para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes.

Teniendo las notificaciones tributarias la finalidad material de llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que los interesados puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente respecto a la defensa de sus derechos e intereses, las indicadas notificaciones constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva, sin indefensión, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE).

La doctrina constitucional respecto a la incidencia que tienen las notificaciones defectuosamente practicadas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva se ha forjado en el ámbito del proceso judicial.

Como ha puesto de relieve en numerosas ocasiones el máximo intérprete de la Constitución, existen determinados supuestos en los que las notificaciones defectuosas o incorrectas pueden afectar en el ámbito del procedimiento administrativo tributario. Así sucede, en particular: a) Cuando el vicio en la notificación haya dificultado gravemente o impedido al interesado acceder al proceso; b) Cuando falte la notificación personal del inicio de la vía de apremio, aunque se haya podido impugnar la liquidación tributaria; y c) cuando en el ámbito de un procedimiento sancionador no se haya emplazado al interesado, causándole indefensión, a pesar de que podía ser localizado a partir de los datos que obraban en el expediente.

Se observa actualmente, con mayor intensidad, que en numerosas actuaciones  administrativas tributarias se orillan algunas de las formalidades de que han de estar revestidas las notificaciones. En ocasiones las administraciones públicas, con competencia en la materia, continúan la tramitación de los diferentes procedimientos tributarios sin recabar que los vicios ocasionados en esta materia, durante la sustanciación de los trámites procedimentales, pueden llegar a ocasionar la nulidad del procedimiento al haberse infringido el artículo 24.1 CE.

Es frecuente por parte de algunas administraciones públicas la notificación por edictos para, de alguna manera, soslayar las dificultades que, en ocasiones, plantea la notificación personal. Pero como tiene reconocido el Tribunal Constitucional, la notificación edictal es el último remedio o auxilio administrativo que puede suplir a la notificación personal. Si del propio procedimiento se deduce que la Administración Pública tenía información y datos concretos a su alcance para haber practicado la notificación, por ejemplo, en otro domicilio del interesado, la realizada por edicto puede carecer de eficacia y, en consecuencia, tras el recurso correspondiente, podrá decretarse la anulación de la misma.