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FISCALIDAD DE LA ECONOMIA DE OPCIÓN

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha venido considerando la “economía de opción” como una actuación plenamente ajustada a derecho porque está fundada en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad de contratación establecida en el artículo 1255 del Código Civil.

No siendo fácil la precisión conceptual de la figura de la “economía de opción”, tampoco son nítidos sus límites. Debe estudiarse caso por caso, quedando excluido cualquier tipo de negocio jurídico anómalo, fraude de ley o abuso de derecho.

Fiscalmente, la “economía de opción” no cohonesta con el intento de una minoración de la base o de la deuda tributaria realizada  mediante actos y negocios jurídicos que, de forma individual o en su conjunto, sean artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido y que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos notoriamente distintos del ahorro fiscal. La previsión está contenida en el art. 15 de la actual Ley General Tributaria (LGT). Para que la Administración Tributaria pueda declarar el conflicto será preciso informe favorable de la Comisión consultiva. Ahora bien, en las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en el citado artículo de la LGT, se exigirá el tributo que hubiera correspondido a los actos o negocios jurídicos eliminando las ventajas fiscales obtenidas. De tal forma, se liquidarán además los intereses de demora, sin que en ningún caso proceda la imposición de sanciones.

El anterior criterio jurisprudencial se refleja también en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aprecia abuso de derecho cuando concurran dos requisitos. El primero, que la ventaja fiscal que se pretenda sea contraria al objetivo y finalidad de las normas aplicables. El segundo, que del conjunto de elementos objetivos  concurrentes resulte que la finalidad primordial de las operaciones por las que se reclama una exención o minoración de la carga tributaria consista esencialmente en obtener tal ventaja fiscal.

Cuando el contribuyente traspasa el límite que representa la aplicación común de la norma y la utiliza contrariamente a su finalidad y espíritu no puede invocarse el principio de seguridad jurídica.

En ocasiones es difícil distinguir el fraude de ley de la “economía de opción”. No obstante, la diferencia entre ambas resulta clara. En el primero, se busca eludir el pago del tributo u obtener determinadas ventajas por medio de una anomalía en relación con el fin perseguido por las partes, frecuentemente mediante la técnica de un negocio simulado –el que se presenta a tributar-, que encubre otro disimulado. En la segunda, la técnica busca asegurar un tratamiento fiscal más favorable a través de una vía acorde con las previsiones de la legislación tributaria; de tal forma, los contribuyentes pueden elegir, entre las varias posibilidades que ofrece la Ley, la más ventajosa a sus intereses, siempre y cuando no vulnere la normativa aplicable.

En resumen, la “economía de opción” termina donde empieza la elusión tributaria. De tal forma, si la “economía de opción” tiene su fundamento en las posibilidades derivadas  de la libre configuración negocial –que posibilita la facultad de celebrar negocios con la finalidad de obtener una ventaja o ahorro fiscal-, es preciso evitar que esa libertad de configuración desvirtúe esencialmente la correcta y natural aplicación de las normas tributarias.