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PREVARICACIÓN POR OMISIÓN

El delito de prevaricación por omisión fue cuestión polémica hasta el día 30 de junio de 1997 en que el Pleno de la Sala de lo Penal, en una reinterpretación del tipo, a la vista de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vino a otorgar el mismo alcance a la omisión que si se tratase de una resolución expresa.

Parece evidente que tanto se efectúe la conducta descrita en el tipo penal “… la autoridad… que… dictase resolución arbitraria..." de manera positiva, es decir, dictando la resolución, como no respondiendo a peticiones que legítimamente se le planteen y respecto de la que debe existir una resolución que no se produce, se está prevaricando.

 


El delito de prevaricación de la autoridad o del funcionario se integra por la infracción de un deber. Este deber es el de actuar conforme al ordenamiento jurídico del que la autoridad o el funcionario es el garante y primer obligado.Por ello, su actuación al margen y contra la Ley tiene un plus de gravedad que justifica el tipo penal. La prevaricación es el negativo del deber de los Poderes Públicos de actuar conforme a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, previsto en el art. 9.1º de la CE -que tiene su explícito mandato referente a la administración pública- y en el art. 103 del mismo texto constitucional, que contiene los principios de actuación de la Administración, que, como piedra angular, se cierra con el sometimiento a la Ley y al Derecho.


La prevaricación, en la modalidad de comisión por omisión, supone el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad y, por tanto, arbitraria.


No se exige un daño efectivo a la cosa pública o servicio de que se trate, alterando la realidad, pero siempre existirá un daño no por inmaterial menos efectivo. Dicho daño está constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas deben merecerle, porque como custodios de la legalidad, son los primeros obligados.


Y esta quiebra, a la que nos hemos referido en el párrafo anterior, puede producir efectos devastadores en la ciudadanía, pues nada consolida más el Estado de Derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de acuerdo con la Ley y que, por tanto, el que se aparta de la norma recibe la adecuada sanción para restablecer la confianza rota.