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DILACIONES INDEBIDAS EN EL PROCESO PENAL

Partiendo del principio de que el proceso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental recogido en el art. 24.1 de la Constitución, nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado que requiere para su concreción un examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar si en cada caso ha existido un retraso injustificado en la tramitación de la causa que no sea debido a la complejidad de la misma e imputable al órgano jurisdiccional. La Ley 41/2015 de modificación de la L.E.Crim. introdujo la novedad de fijar en 6 meses la fase de instrucción de los procedimientos penales sencillos, pero lo cierto es que en la realidad, aunque fuesen sencillos, dicho plazo se prorroga hasta los 18 meses.

Como reconoce la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 28 de octubre de 2003, debe analizarse además el comportamiento del interesado. En recta aplicación del artículo 6.1 del Convenio el examen de las circunstancias debe comenzar desde el momento en que una persona está formalmente acusada o cuando las sospechas de acusación tienen repercusiones importantes en su situación.

Dicho lo anterior, reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto que en esta materia de posibles dilaciones indebidas no deben extremarse los aspectos formales. En primer lugar, porque en el proceso penal, y fundamentalmente durante la instrucción, el impulso procesal es un deber del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado, sin más, a renunciar a una posible prescripción del delito que pudiera operar como consecuencia de dicha inactividad.

Pero el instituto de las dilaciones indebidas debe cohonestarse, además, con la necesidad de respetar las reglas de la buena fe (artículo 11.1 LOPJ) en las que se incardina la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional, siendo necesaria la denuncia oportuna de las dilaciones para evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental.

Sin embargo, lo manifestado en el párrafo anterior tiene menor intensidad en el Derecho Penal que en el Derecho Civil, puesto que no alcanza al acusado en el proceso penal hasta tal extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de prescripción del delito cuya comisión se le atribuye.