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CRECIMIENTO ECONÓMICO DESIGUAL

Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Financieros de la UE, ha dicho que soplan vientos favorables en la economía europea. Es cierto.  En este nuevo ciclo económico ha influido decisivamente la caída entorno al 40% del precio del petróleo, el descenso del tipo de cambio del euro en un 30% que se aproxima a la paridad con el dólar, la bajada de los tipos de interés y la inyección de 60.000 millones de euros con los que contribuye mensualmente el BCE comprando deuda pública.

El anterior marco favorable, trasladado a la economía española, hace incomprensible que la tasa de paro pueda situarse a finales de este año alrededor del 22,4%, que sigue siendo muy elevada respecto a las últimas previsiones de la UE que sitúan con realismo un crecimiento en nuestro país del PIB del 2,8%.

Cierto que el consumo privado seguirá avanzando más de un 3% y que la formación bruta de capital fijo sobrepasará el 5,5%, pero todo ello no justifica en absoluto el elevado número de personas desempleadas que según los últimos datos del INE se sitúa en 4.333.016, con un descenso respecto al mes de abril de 2.014 de 351.857 parados menos.

Los anteriores datos nos hacen pensar que el crecimiento económico en España se está produciendo de forma desigual entre los distintos estratos sociales y que los menos favorecidos son las clases medias y bajas, quizás estas últimas por su falta de cualificación laboral respecto a las exigencias actuales del mercado laboral.

Ni el Ministro de Economía y Competitividad español ha tenido nada que ver con la caída del precio del petróleo, ni con el descenso del tipo de cambio del euro, ni con la bajada de los tipos de interés. Y la compra de deuda pública por parte del BCE de 60.000 millones de euros responde más a una política de financiación global de la Eurozona que a los intereses particulares de un país concreto.

En estas circunstancias económicas el objetivo principal del Gobierno español no debe ser otro que reducir significativamente el número de parados, incentivando las políticas de contratación, fundamentalmente entre las pequeñas y medianas empresas, así como en el sector de los trabajadores autónomos, que son en definitiva los que mayoritariamente conforman y aglutinan el tejido laboral en España.