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RAFAEL HERNANDO DIPUTADO DEL PP

Flaco servicio está haciendo el Portavoz Adjunto del PP en el Congreso de los Diputados a los ciudadanos que representa como a su propio partido. Mal deben de andar las cosas por Génova cuando el Presidente Rajoy no le ha cesado fulminantemente de su cargo institucional en la Cámara baja a raíz de sus últimas manifestaciones.

Ahora Hernando se despacha defendiendo, mediante declaraciones indecorosas, los intereses de Adif y Renfe en las presuntas responsabilidades de las mismas en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Hay demasiado dinero en juego. Como muchos de nuestros lectores sabrán, en dicho accidente resultó herida la Diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón.

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ESPAÑA: CRECIMIENTO VALOR 0 EN 2014

El pasado mes de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pronosticado un crecimiento para nuestro país, en 2014, del 0,7% en el PIB. Por su parte, el equipo económico del Presidente del Gobierno había lanzado campanas al vuelo con una previsión ilusoria, augurando que España saldría de la crisis económica en el segundo semestre de 2013. Rajoy lo ratificó.

Pero como Rajoy nunca dijo cómo saldríamos de la crisis -ni mucho menos aclaró su “hoja de ruta” respecto a la recuperación económica-, todo hace suponer que las previsiones gubernamentales eran un “brindis al sol” más que un pronóstico con fundamento en cifras o datos reales. Ahora el FMI, en su Informe del presente mes de julio, predice que ni creceremos en este último semestre ni en 2014.

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CLÁUSULA SUELO

Los tipos de interés en los préstamos hipotecarios podían subir casi sin límite, pero no podían bajar por debajo de un determinado tipo. Aunque los ciudadanos de la calle percibían dicha cláusula bancaria como una posición de abuso financiero, ni los políticos ni el Banco de España hicieron movimiento alguno durante años para terminar con semejante exceso.

Ha tenido que ser la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la que, en Sentencia de 9 de mayo de 2013, estableciera en garantía de los deudores hipotecarios los límites legales que ni el Gobierno ni el Banco de España supieron fijar al conjunto de entidades bancarias y cajas de ahorros.

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